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La Xunta y el sector de la hostelería revisan los avances de la tasa turística que será gestionada por los ayuntamientos que la apliquen

31.10.2024. El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se reunió hoy con una representación del sector de la hostelería para abordar el proyecto de ley que regula el impuesto sobre estancias turísticas en la Comunidad Autónoma de Galicia, que avanza en sus trámites. En el encuentro se informó sobre el documento presentado en la Ley de Medidas de los Presupuestos para 2025, que incluye la habilitación normativa para crear la tasa turística solicitada por el Ayuntamiento de Santiago.

Merelles destacó que el marco legal para la implementación de este impuesto prosigue en su tramitación para ser debatido y enriquecido en el Parlamento de Galicia y recordó también que, en todo caso, es una medida voluntaria y será íntegramente gestionada, recaudada e inspeccionada por los ayuntamientos que decidan implementarla.

En este sentido, desde Turismo de Galicia informaron sobre las principales características que se incluyen, como avance, en la Ley de Medidas de los Presupuestos de 2025, como, entre otras, que los ingresos obtenidos por este impuesto estarán destinados, al menos en un 80%, a inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo de la hostelería y el turismo sostenible, en la forma que se determine en la ley.

Ordenanza de los ayuntamientos

Además, los municipios que decidan establecer la tasa deberán aprobar, con carácter previo, una ordenanza fiscal en cuyo procedimiento de elaboración se justifiquen las razones de la exigencia de la tasa, y se evalúe el impacto y la eficacia.

Recordaron también que, tal como se establece en el documento, en el procedimiento de elaboración los ayuntamientos deberán garantizar la consulta, participación y audiencia a las organizaciones y asociaciones representativas del sector de la hostelería y el turismo sobre los problemas que se pretenden solucionar con la norma; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la misma y las posibles soluciones alternativas. En la ordenanza se asumirán y determinarán las competencias de gestión, recaudación e inspección, así como la potestad sancionadora.